admin Aunque la idea era votar el mensaje presidencial en particular para definir su paso al Senado, el Gobierno retiró la urgencia cuando la Sala comenzó su revisión y debate. El proyecto continuará su discusión en particular en la Comisión Futuro
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Fueron 44 médicos, todos ellos de nacionalidad extranjera y actualmente investigados por fraude, quienes emitieron 192.781 días de permiso. Este hallazgo se suma al caso de los viajes al extranjero que hicieron trabajadores públicos durante sus permisos, y vuelve a encender el debate político sobre la necesidad de reforzar sanciones y mecanismos de control.
La Contraloría General de la República(CGR) identificó que un total de 3.532 funcionarios públicos presentaron permisos médicos emitidos por alguno de los 44 facultativos que son investigados penalmente por el Ministerio Público debido a la entrega y/o venta fraudulenta de tales certificaciones.
El informe detalla que el 79% de estas licencias correspondía a diagnósticos por salud mental, lo que en total significó 192.781 días de reposo autorizados repartidos entre todos los funcionarios. Además, todos los médicos investigados son de nacionalidad extranjera. Entre ellos, 10 se desempeñaron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024, y cinco de ellos lo hicieron sin contar con el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (Eunacom), requisito obligatorio para ejercer en el sistema público.
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Desde el Parlamento aseguran que este caso es una señal más de la necesidad de seguir avanzando en medidas para evitar el mal uso de las licencias médicas, combatir su emisión fraudulenta y fortalecer las sanciones para quienes incurran en estas prácticas.
“Todo este escándalo por las licencias médicas fraudulentas sin ninguna duda va a generar modificaciones tanto reglamentarias como legales y en la Comisión de Salud la estamos revisando. Ya hemos tomado conocimiento de lo que han sido los informes de Contraloría, pero siguen apareciendo sorpresas. Vamos a conversarlo con el gobierno porque hay materias que son privativas del gobierno y nosotros no podemos inmiscuirnos en aquello, pero tenemos que hacerlo en conjunto”, afirma el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC)
Por su parte, la presidenta de la misma instancia, pero en la Cámara de Diputados, Helia Molina (PPD), afirma que “con este nuevo informe queda en evidencia que son unos pocos mafiosos los que han dañado el sistema, resulta irrisorio que 44 médicos emitan más de 10 mil licencias en tres años. A estas personas, todas extranjeras, ya están siendo investigadas por la Fiscalía Nacional y debe caerles todo el peso de la ley”.
Vale recordar que el pasado 24 de mayo entró en vigencia una nueva ley que refuerza el control y endurece las sanciones frente a la emisión fraudulenta de licencias médicas.
La norma establece que solo médicos, odontólogos y matronas habilitados y registrados pueden otorgar estos documentos, bajo condiciones más estrictas, incluyendo requisitos para la telemedicina.
Además, fortalece la fiscalización, permitiendo a la Compin y a la Superintendencia de Seguridad Social exigir antecedentes de los permisos y aplicar suspensiones temporales de hasta 30 días a quienes no respondan.
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Por Ignacia Canales para La Tercera
30 de Junio, 2025
El ente fiscalizador instruyó a 788 instituciones del país la apertura de investigaciones para indagar a los más de 25 mil trabajadores que habrían incurrido en la falta. También derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.
La Contraloría General de la República (CGR) develó este martes una información que se tomó la jornada: a través de su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) reveló que entre 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios viajaron fuera del país durante su licencia médica, derivando esto en oficios del ente fiscalizador que mandatan a las casi 800 entidades con funcionarios con permisos en la mira a que inicien sumarios y persigan responsabilidades administrativas.
Asimismo, la CGR remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para perseguir responsabilidades patrimoniales o civiles, así como también lo hizo al Ministerio Público para perseguir eventuales responsabilidades penales.
Y es que el reporte es decidor: para esos 25.078 funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a Fonasa y 31% a isapres.
La revelación se da justo cuando sólo falta la promulgación del Presidente Gabriel Boric para que la ley que refuerza la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social sobre licencias médicas entre en vigencia, aspecto acordado en la ley corta de isapres y que busca imponer mayores exigencias a los profesionales de la salud y sanciones más estrictas.
Los datos aportados por la CGR fueron obtenidos de la Policía de Investigaciones y se determinó que los titulares de esas licencias entraron o salieron del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.
Entre las regiones con más entradas o salidas de Chile -de funcionarios que viajaron durante su periodo de licencia médica- se encuentran la Metropolitana (26.032); Arica y Parinacota (10.043); y Magallanes (5.980).
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Lo que reveló Contraloría no es nuevo. O parece no serlo, toda vez que recientemente ya han estallado otros casos similares. De hecho, se encuentra en su etapa final un juicio inédito por la venta de licencias médicas falsas. La investigación reveló que un grupo de 36 médicos emitió más de 16.000 permisos fraudulentos entre 2020 y 2022.
O por ejemplo, en el Hospital San José se descubrió que habían funcionarios que desde 2017 acumulaban hasta 1.917 días de permiso, es decir, un poco más de cinco años.
Por eso la nueva revelación del organismo no dejó indiferente a nadie.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), sostiene que “tienen que devolver la plata si están identificados. Esto, además de una falta administrativa, es un delito. Si toda esta plata se pudiera ahorrar, no tendríamos problemas para financiar ni las listas de espera y habríamos resuelto hace mucho rato la crisis financiera en los hospitales”.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Helia Molina (PPD), es categórica: “Me parece un acto vandálico, una estafa colectiva. Es terriblemente injusto para quienes realmente están enfermos y necesitan una licencia médica”.
Finalmente, desde la Asociación de Isapres aseveran que en los últimos años se ha visto un “aumento exponencial” de estos permisos, a la vez que han proliferado los fraudes.
En ese contexto, suman, “valoramos la acción de la Contraloría que pone de manifiesto la práctica extendida de mal utilizar este subsidio”, advirtiendo que los hallazgos también demuestran que el modelo de licencias médicas “está agotado”.
Por Por Javiera Arriaza, Leslie Ayala e Ignacia Canales para La Tercera
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20 MAYO 2025
El proyecto, que forma parte del compromiso del Ejecutivo para reestructurar el sistema sanitario, no ha logrado consenso en un punto clave: cómo implementar un mecanismo financiero que permita eliminar las preexistencias sin desestabilizar a las aseguradoras.
En octubre del año pasado el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto.
En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso.
Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea.
En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años, mediante una circular elaborada en consulta con la Comisión para el Mercado Financiero.
Mientras tanto, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) ingresó otra indicación que proponía establecer un fondo de compensación de riesgos. En palabras simples, este tipo de fondo recoge los recursos provenientes de los planes de salud y los redistribuye entre las aseguradoras, de modo que aquellas que atienden a pacientes más enfermos —y, por lo tanto, más costosos— reciban un apoyo financiero que les permita equilibrar el gasto.
Sin embargo, la semana pasada ambas indicaciones fueron rechazadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
(…)
Desde antes de que el proyecto llegara al Congreso, el debate sobre cómo eliminar las preexistencias en el sistema de isapres ya generaba tensiones, incluso al interior del gobierno. En particular, un grupo del oficialismo planteó propuestas que incluían un sistema único de planes de salud y un pool de riesgo, mientras otros sectores, especialmente el Frente Amplio, seguían presionando por el Fondo Universal de Salud (FUS).
Ahora que el tema escaló a la Cámara tras el rechazo de los mecanismos clave en la Comisión de Salud, el camino para destrabar una solución financiera se ve aun más cuesta arriba.
(…)
La presidenta de la comisión (de salud), la diputada Helia Molina (PPD), comparte la visión del Ejecutivo: “El reaseguro es una solución viable y realista. Si se quiere eliminar con la cautividad de los afiliados y terminar con las restricciones por preexistencias, es indispensable establecer mecanismos que mitiguen el riesgo y que implique aceptar a todos los usuarios, sin importar su historial médico”
Consultados por La Tercera, desde el Ministerio de Salud adelantaron que “estamos en el primer trámite legislativo y los repondremos en las siguientes instancias de discusión”.
Por Ignacia Canales para La Tercera | 21 ABRIL 2025
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“La carta en cuestión constituye un indicio de que podrían existir coordinaciones y/o acuerdos destinados a afectar la libre y sana competencia», señala una misiva firmada por la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Helia Molina. Desde Clínicas de Chile descartan «enfáticamente cualquier infracción a la legislación de libre competencia».
En octubre del año pasado se conoció que Clínicas de Chile, el gremio que agrupa a los principales establecimientos de este tipo del país, envió una carta al director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, advirtiendo sobre “deficiencias” en el arancel que dictó el asegurador público para la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).
(…) a raíz de esa carta que envió Clínicas de Chile a Fonasa, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados al cierre del año pasado ofició a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que emita “un pronunciamiento respecto de la pertinencia y/o legalidad de la carta dirigida al Director del Fonasa por parte de la Asociación de Clínicas Privadas de Chile AG, en relación con el funcionamiento de la MCC y el valor de los aranceles de las prestaciones. Al respecto, interesa conocer las medidas que se adoptarán para determinar eventuales responsabilidades, en caso de corresponder”.
Ese oficio también fue enviado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía. Y junto con ello, la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Helia Molina (PPD), adjuntó una carta anexa, donde señala que “el arancel de la MCC fue anunciado hace algunas semanas por Fonasa y, al poco tiempo”, Clínicas de Chile envió esta carta.
Nota original publicada el 29 ene 2025 por Mariana Marusic en La Tercera
Noticia completa disponible en: https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/diputados-ofician-a-la-fne-para-que-se-pronuncie-sobre-carta-que-envio-clinicas-de-chile-por-arancel-de-la-nueva-modalidad-de-fonasa/
Un grupo de diputados y diputadas, desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano, ingresaron un proyecto de ley que busca prohibir la maternidad subrogada o «vientre de alquiler» en Chile.
De acuerdo con los parlamentarios, la moción busca evitar que se vulnere la dignidad de las mujeres y niños, además de no promover la mercantilización de la gestación.
El proyecto, que se encuentra en el primer trámite constitucional en la Comisión de Familia de la Cámara Baja, contempla la modificación del Código Penal, donde se establece que, si una mujer gesta un bebé para otra persona pero luego decide no ser la madre legal, el contrato que firmó no será válido; o sea, no se permitirá que eso suceda.
Asimismo, plantea que queda prohibida a cualquier título la transferencia de óvulos con fines reproductivos a un establecimiento de salud. Además, estos centros no podrán promover ni gestionar estos procedimientos.
Además, establece medidas que penaliza a médicos, abogados y otros profesionales que faciliten la gestación subrogada.
«Es un tema valórico, pero es un tema de salud, por un lado, porque, es un embarazo donde solo se usa a la mujer como un receptáculo para tener un bebé», dijo la diputada Helia Molina (PPD).
Su par de la UDI Felipe Donoso indicó: «Lo que buscamos es prohibir el vientre de alquiler. Es cosificar a la persona, a las mujeres, a los que están por nacer. Creemos que las personas que están por nacer tienen la misma dignidad y derechos que un ser humano que ya tiene todas sus cualidades. Por lo tanto, debemos protegerlos».
Lee la nota completa en: www.cooperativa.cl/noticias/pais/mujer/del-fa-a-republicanos-diputados-buscan-prohibir-la-gestacion-subrogada
En estas fiestas les envio un cariñoso abrazo, y deseo que tengan una hermosa navidad con sus familias.
A mis vecinos y vecinas del Distrito 10, mi compromiso a dar una lucha permanente y constante por mejorar su calidad de vida
¡Que la esperanza se convierta en una feliz realidad!
Atentamente, Diputada Helia Molina Milman
La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Helia Molina (PPD), se refirió en Cooperativa al álgido debate que se prevé en el Congreso con el inminente ingreso de los proyectos de despenalización del aborto y del aumento del período posnatal, por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, sobre la primera iniciativa, la diputada dijo que ve «difícil, y muy difícil, que pudiera salir en este Gobierno. Yo no lo veo, imagínese: estuvimos un año discutiendo la ley corta (de isapres), algo que no incluía tantas diferencias en lo valórico y lo religioso».
«Así que, bueno, (El Gobierno) va a presentar el proyecto, pero mi pronóstico no es muy bueno», subrayó.
Se aprobó la resolución 1286. Su objetivo es que el Ejecutivo analice una mejora salarial de las y los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones que se encuentren en labores operativas.
La idea del texto es entregar un bono trimestral. Con ello se espera retribuir la labor de las policías en el resguardo de la seguridad y en el combate al crimen organizado y al terrorismo transnacional.
La propuesta la presentaron, del PPD Raúl Soto y Helia Molina. También la firman las y los independientes Jaime Araya, Carlos Bianchi, Marta González, Camila Musante, Cristián Tapia y Héctor Ulloa.
Resolución N° 1286Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación de una asignación trimestral para funcionarias y funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones con el objeto de retribuir la labor realizada en el combate de la delincuencia, del crimen organizado.
La discusión de los montos de cara al año entrante comenzará oficialmente este lunes en el Congreso y podría extenderse durante gran parte de la semana.
La discusión sobre el presupuesto 2025 continúa siendo un tema de preocupación para diversos sectores, especialmente en lo que respecta a la cartera de salud.
Los gremios de la especialidad han expresado su preocupación, señalando que el presupuesto actual cubre solo un tercio de las necesidades de la red hospitalaria a nivel nacional.
En este contexto, el Ministerio de Hacienda ha informado que se están llevando a cabo reasignaciones dentro del presupuesto para abordar las demandas del sector salud.
Sin embargo, esta medida ha generado diversas reacciones. La diputada y exministra de Salud, Helia Molina, celebró la disposición de revisar el presupuesto de salud.
“Me alegra mucho saber que el ministro Marcel está dispuesto a revisar el presupuesto de salud, porque evidentemente es insuficiente”, indicó Molina. “Sobre todo, es insuficiente en el ámbito de atención primaria, donde el per cápita no sube nada, solo el IPC”, complementó.
En esa línea, aseguró que “sabemos perfectamente, quienes hemos trabajado en salud pública, que la única manera real y definitiva de mejorar la salud de la población es reforzando la atención primaria, haciendo promoción de la salud, prevención de la enfermedad, pesquisa precoz de cánceres y, sobre todo, el seguimiento a los pacientes crónicos”.
La discusión del presupuesto comenzará oficialmente este lunes en el Congreso y podría extenderse durante gran parte de la semana. Esta situación se enmarca en un contexto de reducción del financiamiento público, lo que podría tener un impacto significativo en el gobierno y en la capacidad del sistema de salud para enfrentar las demandas de la población.
Por Cristóbal Álvarez
Nota completa en: https://www.adnradio.cl/2024/11/10/helia-molina-celebra-disposicion-de-ministro-marcel-para-revisar-presupuesto-de-salud