El ente fiscalizador instruyó a 788 instituciones del país la apertura de investigaciones para indagar a los más de 25 mil trabajadores que habrían incurrido en la falta. También derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.
La Contraloría General de la República (CGR) develó este martes una información que se tomó la jornada: a través de su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) reveló que entre 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios viajaron fuera del país durante su licencia médica, derivando esto en oficios del ente fiscalizador que mandatan a las casi 800 entidades con funcionarios con permisos en la mira a que inicien sumarios y persigan responsabilidades administrativas.
Asimismo, la CGR remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para perseguir responsabilidades patrimoniales o civiles, así como también lo hizo al Ministerio Público para perseguir eventuales responsabilidades penales.
Y es que el reporte es decidor: para esos 25.078 funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a Fonasa y 31% a isapres.
La revelación se da justo cuando sólo falta la promulgación del Presidente Gabriel Boric para que la ley que refuerza la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social sobre licencias médicas entre en vigencia, aspecto acordado en la ley corta de isapres y que busca imponer mayores exigencias a los profesionales de la salud y sanciones más estrictas.
Los datos aportados por la CGR fueron obtenidos de la Policía de Investigaciones y se determinó que los titulares de esas licencias entraron o salieron del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.
Entre las regiones con más entradas o salidas de Chile -de funcionarios que viajaron durante su periodo de licencia médica- se encuentran la Metropolitana (26.032); Arica y Parinacota (10.043); y Magallanes (5.980).
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¿Caso aislado?
Lo que reveló Contraloría no es nuevo. O parece no serlo, toda vez que recientemente ya han estallado otros casos similares. De hecho, se encuentra en su etapa final un juicio inédito por la venta de licencias médicas falsas. La investigación reveló que un grupo de 36 médicos emitió más de 16.000 permisos fraudulentos entre 2020 y 2022.
O por ejemplo, en el Hospital San José se descubrió que habían funcionarios que desde 2017 acumulaban hasta 1.917 días de permiso, es decir, un poco más de cinco años.
Por eso la nueva revelación del organismo no dejó indiferente a nadie.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), sostiene que “tienen que devolver la plata si están identificados. Esto, además de una falta administrativa, es un delito. Si toda esta plata se pudiera ahorrar, no tendríamos problemas para financiar ni las listas de espera y habríamos resuelto hace mucho rato la crisis financiera en los hospitales”.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Helia Molina (PPD), es categórica: “Me parece un acto vandálico, una estafa colectiva. Es terriblemente injusto para quienes realmente están enfermos y necesitan una licencia médica”.
Finalmente, desde la Asociación de Isapres aseveran que en los últimos años se ha visto un “aumento exponencial” de estos permisos, a la vez que han proliferado los fraudes.
En ese contexto, suman, “valoramos la acción de la Contraloría que pone de manifiesto la práctica extendida de mal utilizar este subsidio”, advirtiendo que los hallazgos también demuestran que el modelo de licencias médicas “está agotado”.
Por Por Javiera Arriaza, Leslie Ayala e Ignacia Canales para La Tercera
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20 MAYO 2025
