La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Helia Molina (PPD), se refirió en Cooperativa al álgido debate que se prevé en el Congreso con el inminente ingreso de los proyectos de despenalización del aborto y del aumento del período posnatal, por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, sobre la primera iniciativa, la diputada dijo que ve «difícil, y muy difícil, que pudiera salir en este Gobierno. Yo no lo veo, imagínese: estuvimos un año discutiendo la ley corta (de isapres), algo que no incluía tantas diferencias en lo valórico y lo religioso».
«Así que, bueno, (El Gobierno) va a presentar el proyecto, pero mi pronóstico no es muy bueno», subrayó.
Se aprobó la resolución 1286. Su objetivo es que el Ejecutivo analice una mejora salarial de las y los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones que se encuentren en labores operativas.
La idea del texto es entregar un bono trimestral. Con ello se espera retribuir la labor de las policías en el resguardo de la seguridad y en el combate al crimen organizado y al terrorismo transnacional.
Resolución N° 1286Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación de una asignación trimestral para funcionarias y funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones con el objeto de retribuir la labor realizada en el combate de la delincuencia, del crimen organizado.
La discusión de los montos de cara al año entrante comenzará oficialmente este lunes en el Congreso y podría extenderse durante gran parte de la semana.
La discusión sobre el presupuesto 2025 continúa siendo un tema de preocupación para diversos sectores, especialmente en lo que respecta a la cartera de salud.
Los gremios de la especialidad han expresado su preocupación, señalando que el presupuesto actual cubre solo un tercio de las necesidades de la red hospitalaria a nivel nacional.
En este contexto, el Ministerio de Hacienda ha informado que se están llevando a cabo reasignaciones dentro del presupuesto para abordar las demandas del sector salud.
Sin embargo, esta medida ha generado diversas reacciones. La diputada y exministra de Salud, Helia Molina, celebró la disposición de revisar el presupuesto de salud.
“Me alegra mucho saber que el ministro Marcel está dispuesto a revisar el presupuesto de salud, porque evidentemente es insuficiente”, indicó Molina. “Sobre todo, es insuficiente en el ámbito de atención primaria, donde el per cápita no sube nada, solo el IPC”, complementó.
En esa línea, aseguró que “sabemos perfectamente, quienes hemos trabajado en salud pública, que la única manera real y definitiva de mejorar la salud de la población es reforzando la atención primaria, haciendo promoción de la salud, prevención de la enfermedad, pesquisa precoz de cánceres y, sobre todo, el seguimiento a los pacientes crónicos”.
La discusión del presupuesto comenzará oficialmente este lunes en el Congreso y podría extenderse durante gran parte de la semana. Esta situación se enmarca en un contexto de reducción del financiamiento público, lo que podría tener un impacto significativo en el gobierno y en la capacidad del sistema de salud para enfrentar las demandas de la población.
Los diputados remarcaron lo «importante» que es esclarecer la polémica situación que envuelve a la exministra y candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos.
Diversos diputados valoraron que la Superintendencia de Educación decidiera iniciar una investigación en la Universidad San Sebastián (USS), tras conocerse el millonario sueldo que recibía Marcela Cubillos, candidata a la alcaldía de Las Condes. En específico, y a través de un comunicado, el organismo informó que «el martes pasado se ha recibido la respuesta de la Universidad San Sebastián a la solicitud de este Servicio para entregar los antecedentes relativos a las condiciones de contratación de la exministra de Educación, Marcela Cubillos, y de otros personeros que desempeñan labores docentes y administrativas en la institución» y «tras una revisión exhaustiva de la información entregada, la Superintendencia de Educación ha decidido iniciar hoy un proceso de investigación a la Universidad San Sebastián».
El documento expone que «dicha decisión se fundamenta en que la información recibida no permite esclarecer completamente las interrogantes surgidas en torno a la contratación, remuneración y evaluación del personal académico, lo que podría ser constitutivo de infracciones graves a la normativa interna de la Universidad». «Para tal fin, la Superintendencia también ha dispuesto la realización de una fiscalización en terreno, con el objetivo de recopilar evidencia de primera mano que permita determinar con precisión el alcance de los hechos investigados», agrega.
«¿Qué esconde la universidad?»
Consultados por Emol, diputados de la Comisión de Educación abordaron este tema. La presidenta de la instancia, Emilia Schneider (Frente Amplio), aseveró que le parece «absolutamente pertinente y necesario que se haga una investigación», pues «estamos hablando de un caso gravísimo, en circunstancias sumamente sospechosas, e incluso, podría constituir lucro o financiamiento irregular de la política». «Acá estamos hablando de una universidad que recibe casi un 50% de sus recursos por parte del Estado, sobre todo del Crédito con Aval del Estado. Es decir, estos sueldos millonarios, estos profesores y profesoras fantasmas, estos vínculos con ex-autoridades del gobierno de Sebastián Piñera que hoy son candidatos y que, incluso, muchos de ellos están mencionados en el caso Hermosilla, son a costa del endeudamiento de miles de estudiantes. Esto tiene que investigarse y esclarecerse ante la ciudadanía hasta las últimas circunstancias. La educación es un derecho, no un negocio ni una caja pagadora de favores políticos de la UDI», remarcó.
El diputado Juan Santana (PS) cuestionó por su parte: «¿Qué esconde la Universidad San Sebastián en relación al sueldo de Marcela Cubillos? ¿Por qué no entrega el detalle sobre la información requerida por la Superintendencia de Educación Superior? Todas esas interrogantes no resueltas hacen pensar que aquí podríamos estar ante una grave vulneración, no solamente a la ley, sino que también a los propios reglamentos internos de la Universidad de San Sebastián». «La Superintendencia como órgano fiscalizador debe hacer todos los esfuerzos necesarios para esclarecer esta polémica situación y verificar si es que se utilizaron recursos públicos para crear una caja pagadora de favores políticos a los dirigentes de Chile Vamos», añadió.
La diputada Helia Molina (PPD) manifestó, en tanto, que le parece «correcto que la Superintendencia de Educación tome cartas sobre el caso Cubillos. Así lo solicitamos días atrás en Comisión de Educación, ya que me parece muy grave recibir un sueldo tan abultado cuando están en juego recursos públicos que ha recibido la Universidad San Sebastián». En la misma línea, advirtió que «como ex decana de la Usach, y con experiencia en el mundo académico, puedo decir que ese nivel de sueldos no existe en las universidades, es un verdadero robo, y la Superintendencia tendrá que determinar si la contratación, remuneración y tareas desarrolladas, se ajustan a la realidad o estamos frente a un delito».
Se proponía modificar el horario de cierre en el Código del Trabajo, pero fue rechazada en 2023 en el Senado con 19 votos en contra y 17 a favor.
Los trabajadores del comercio han reiterado su demanda de adelantar el horario de cierre de los centros comerciales a las 19:00 horas, argumentando que la medida busca garantizar su seguridad en el regreso a casa y permitirles compartir más tiempo con sus familias.
En concreto, la iniciativa, presentada en 2021, proponía modificar el horario de cierre en el Código del Trabajo, pero fue rechazada en 2023 en el Senado con 19 votos en contra y 17 a favor.
Ante la negativa, la diputada Helia Molina, del Partido por la Democracia, expresó su preocupación por la falta de respaldo hacia una medida que, según ella, prioriza el bienestar de los trabajadores. “Nuestra oposición siempre pone nuestras iniciativas sociales como si fueran en contra de la productividad y del crecimiento del país. Pero el costo de no invertir en el desarrollo de la vida familiar es mucho más alto que el de una hora menos de ventas”, afirmó.
El rechazo en la Cámara Alta implica que el proyecto deberá esperar un año para volver a ser discutido en el Congreso.
El ente fiscalizador detectó una serie de irregularidades en los registros de listas de espera en los hospitales de Antofagasta y Talca. A raíz del reporte, diversos parlamentarios oficialistas y de oposición apoyaron la creación de una Comisión Investigadora.
Diversos diputados anunciaron la creación de una Comisión Investigadora luego del reporte de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó irregularidades en las listas de espera de los hospitales de Antofagasta y Talca.
En ese contexto, el diputado de Renovación Nacional (RN) José Miguel Castro afirmó: “Hemos levantado una Comisión Investigadora y también vamos a exigirle a la ministra (Ximena Aguilera) que nos informe sobre las responsabilidades administrativas de las distintas personas involucradas”.
Por su parte, Helia Molina,presidenta de la Comisión de Salud, expresó su apoyo a la iniciativa e instó al Ministerio de Salud (Minsal) a realizar una auditoría en todos los hospitales donde existan listas de espera para corregir las distorsiones que puedan haberse producido.
La diputada Helia Molina recalcó que » si bien estamos de acuerdo con las políticas del gobierno en términos de haber subsidios, pero el 40% de la población es insuficiente, el 80% debería ser lo justo».
La bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD) llegó hasta La Moneda, luego de sostener una reunión con el ministro de Energía, Diego Pardow, para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric,que contiene propuestas y solicitudes para frenar el alza en las cuentas de luz que comienza a regir desde el 1 de julio.
La misiva fue presentada por los parlamentarios Raúl Soto, Cristián Tapia, Camila Musante, Carolina Marzán, Helia Molina y Héctor Ulloa, quienes recalcaron que se debe ampliar la cobertura del subsidio eléctrico y plantearon otras vías para mitigar las consecuencias económicas en las familias, entre ellas eximir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las cuentas de luz.
Sobre este punto, el diputado Héctor Ulloa llamó a que “el ministro Mario Marcel (Hacienda) se abra a la posibilidad de eximir el pago de IVA en las cuentas de la luz en un periodo acotado de tiempo, tal como se lo hemos propuesto. En los 12 primeros meses que sea una eximicióndel 100% del pago de IVA, los seis meses siguientes un 75%, en los seis meses siguientes un 50% y los seis últimos meses un 25% del pago del IVA, es decir 30 meses. De esa manera, creemos que ayudamos en forma transversal a todo el país y a todas las familias que sufren por igual estas alzas”.
Por su parte, el diputado Tapia apuntó a que si bien existe una deuda de 6.500 millones “lo preocupante es que existen 1.800 millones de dólares en intereses, entonces también queremos saber quién firmó todo estos acuerdos,porque en esos 4.700 millones de dólares que se les deben a la empresa están los gastos, costos fijos, de mantenimiento, producción, pero también están las utilidades, es decir las empresas se van a llevar 1.800 millones de dólares como si nada y lo hemos conversado con ellos, hay cero voluntad”.
Mientras que, Helia Molina solicitó a la “derecha que se ponga la mano en el corazón y apruebe el pacto fiscal. Necesitamos recursos para las personas, para su vida cotidiana. La clase media siempre ha sido la más golpeada y siempre queda fuera de todos los beneficios”.
“Por lo tanto, hoy día, frente a un consumo diario habitual por el invierno y un aumento de precio, va a significar menos comida, va a significar menos insumos para la casa, porque la gente vive al justo. Si se le aumenta la luz, es algo que deja de hacer o algo que deja de comer. Así es que estamos aquí firmes y si bien estamos de acuerdo con las políticas del gobierno en términos de haber subsidios, pero el 40% de la población es insuficiente, el 80% debería ser lo justo”, cerró.
La diputada y exministra de Salud del gobierno de Michelle Bachelet paró en seco al exPDG, quien una vez más muestra su faceta más camaleónica, y manifestó sentir «pena» por las declaraciones del diputado quien aseguró que el organismo «solamente protege a determinados intereses políticos».
Las últimas declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, le dieron oxígeno a los candidatos y partidarios del Piñerismo, quienes salieron con todo a defender la gestión del expresidente.
En conversación con Tolerancia Cero, Contreras señaló que a su parecer, durante el estallido social «no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero sí generalizadas». Además, agregó que esa era su principal diferencia con su antecesor en el cargo, Sergio Micco.
En esa línea, el parlamentario y vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, señaló que el organismo «tiene una veta ideológica», y que «si fuera para todos y no para un determinado sector, haría un buen trabajo», aseguró. Finalmente, agregó que «solamente protege a determinados intereses políticos».
Al respecto, la diputada y exministra de Salud de Michelle Bachellet, Helia Molina (PPD), -quien tuviera que abandonar el Gobierno por la presión de la derecha, tras declarar que «en todas las clínicas cuicas de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas»-, no dejó pasar la oportunidad y paró en seco al exPDG.
«Al decir que el INDH está politizado, de alguna manera estas diciendo que los DD.HH sólo son importantes para un grupo político. Qué pena, porque los DD.HH son transversales«, señaló.
Además, la parlamentaria apeló a la diversidad de miradas que confluyen al interior del organismo autónomo, donde hay consejeros de ambos espectros políticos, por lo que «no puedes decir que solo se preocupa de los de izquierda, eso no es cierto», sentenció.
Durante la jornada, el senador Juan Luis Castro (PS) también manifestó su molestia por el contenido de la campaña y pidió al Ministerio de Salud que sea retirado argumentando que el mensaje de un acto que es voluntario se malinterpreta.
En horas de la tarde, la diputada Helia Molina (PPD) se refirió a través de su cuenta de X a la campaña del Ministerio de Salud que incentiva la donación de órganos calificándola como «fea, desubicada» y que generaba «asco».
En la publicación de la cartera de Salud, se pueden ver gusanos escarbando la tierra y un encabezado con la pregunta «¿Qué sucede con los órganos que no se donan?».
«Campaña fea, desubicada, genera asco en vez de poner el foco en los beneficios que tiene para tantos seres humanos que se donen los órganos, y puedan vivir con un nuevo riñón o corazón», expresó la diputada por la Región Metropolitana.
Durante la jornada, el senador Juan Luis Castro (PS) también manifestó su molestia por el video de 10 segundos publicado el 16 de junio.
Como «imágenes perturbadoras» calificó Castro el contenido del video, pidiendo al gobierno que sea retirado.
La ex ministra de Salud aseguró que pese a que es un tema «un poco tabú», en los últimos 10 años sí ha visto un avance en su discusión, especialmente, luego de la promulgación de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Uno de los compromisos que ha generado más debate luego de la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric fue la futura presentación de un proyecto de aborto legal, el que buscaría continuar con el camino que cimentó la expresidente Michelle Bachelet en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la diputada (PPD) y ex ministra de Salud, Helia Molina, afirmó que este anuncio da inicio a un debate que se tiene que dar en Chile y que “en todos los países del mundo ya han dado”.
En esa línea, la diputada señaló que “me parece que la democracia no limita ningún tema para discutir”, y fue critica acerca de que esta iniciativa haya anulado el resto de la Cuenta Pública, “es realmente un anuncio del proyecto que se piensa mandar para empezar una discusión, o sea, cuál es el objeto de esa crítica tan profunda que se ha hecho y que todos los medios estén preocupados“.
“Creo que es un tema que nunca pierde actualidad porque, como médico, veo también que es un problema de salud pública porque las personas sin recursos, que son la mayoría en este país, acuden a abortos clandestinos, que ponen en peligro su vida, terminan con grandes infecciones, que llegan al sistema de salud, al final, y generan, no solamente esfuerzos, sino que también gastos y vidas. Por lo tanto, no es un tema banal, es una materia que hay que conversar y es un asunto de derechos humanos además“, comentó.
Y enfatizó que “regular el aborto no significa ni promoverlo, ni que éste aumente. En la mayoría de los países, una vez que se legaliza el aborto este no ha aumentado, así lo demuestra la evidencia internacional”.
Respecto de la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo en los últimos 10 años, Molina aseguró que “en el ámbito político, polarizado que tenemos hoy, el tema sigue siendo ‘un poco tabú’ y mirado solamente como un tema valórico, lo cual yo no estoy de acuerdo”.
Sin embargo, la exministra considera que si hay un avance, que se dio en el marco de la discusión por el aborto en tres causales, el que finalmente se aprobó y promulgó. “Creo que fue un gran avance, un gran paso con las tres causales, pero no podemos por eso obviar la discusión sobre un tema que en todas partes del mundo se ha dado y que en los países desarrollados ni siquiera se discuten”, sostuvo.