“La carta en cuestión constituye un indicio de que podrían existir coordinaciones y/o acuerdos destinados a afectar la libre y sana competencia», señala una misiva firmada por la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Helia Molina. Desde Clínicas de Chile descartan «enfáticamente cualquier infracción a la legislación de libre competencia».
En octubre del año pasado se conoció que Clínicas de Chile, el gremio que agrupa a los principales establecimientos de este tipo del país, envió una carta al director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, advirtiendo sobre “deficiencias” en el arancel que dictó el asegurador público para la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).
(…) a raíz de esa carta que envió Clínicas de Chile a Fonasa, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados al cierre del año pasado ofició a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que emita “un pronunciamiento respecto de la pertinencia y/o legalidad de la carta dirigida al Director del Fonasa por parte de la Asociación de Clínicas Privadas de Chile AG, en relación con el funcionamiento de la MCC y el valor de los aranceles de las prestaciones. Al respecto, interesa conocer las medidas que se adoptarán para determinar eventuales responsabilidades, en caso de corresponder”.
Ese oficio también fue enviado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía. Y junto con ello, la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Helia Molina (PPD), adjuntó una carta anexa, donde señala que “el arancel de la MCC fue anunciado hace algunas semanas por Fonasa y, al poco tiempo”, Clínicas de Chile envió esta carta.
Un grupo de diputados y diputadas, desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano, ingresaron un proyecto de ley que busca prohibir la maternidad subrogada o «vientre de alquiler» en Chile.
De acuerdo con los parlamentarios, la moción busca evitar que se vulnere la dignidad de las mujeres y niños, además de no promover la mercantilización de la gestación.
El proyecto, que se encuentra en el primer trámite constitucional en la Comisión de Familia de la Cámara Baja, contempla la modificación del Código Penal, donde se establece que, si una mujer gesta un bebé para otra persona pero luego decide no ser la madre legal, el contrato que firmó no será válido; o sea, no se permitirá que eso suceda.
Asimismo, plantea que queda prohibida a cualquier título la transferencia de óvulos con fines reproductivos a un establecimiento de salud. Además, estos centros no podrán promover ni gestionar estos procedimientos.
Además, establece medidas que penaliza a médicos, abogados y otros profesionales que faciliten la gestación subrogada.
«Es un tema valórico, pero es un tema de salud, por un lado, porque, es un embarazo donde solo se usa a la mujer como un receptáculo para tener un bebé», dijo la diputada Helia Molina (PPD).
Su par de la UDI Felipe Donoso indicó: «Lo que buscamos es prohibir el vientre de alquiler. Es cosificar a la persona, a las mujeres, a los que están por nacer. Creemos que las personas que están por nacer tienen la misma dignidad y derechos que un ser humano que ya tiene todas sus cualidades. Por lo tanto, debemos protegerlos».
La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Helia Molina (PPD), se refirió en Cooperativa al álgido debate que se prevé en el Congreso con el inminente ingreso de los proyectos de despenalización del aborto y del aumento del período posnatal, por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, sobre la primera iniciativa, la diputada dijo que ve «difícil, y muy difícil, que pudiera salir en este Gobierno. Yo no lo veo, imagínese: estuvimos un año discutiendo la ley corta (de isapres), algo que no incluía tantas diferencias en lo valórico y lo religioso».
«Así que, bueno, (El Gobierno) va a presentar el proyecto, pero mi pronóstico no es muy bueno», subrayó.
Se aprobó la resolución 1286. Su objetivo es que el Ejecutivo analice una mejora salarial de las y los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones que se encuentren en labores operativas.
La idea del texto es entregar un bono trimestral. Con ello se espera retribuir la labor de las policías en el resguardo de la seguridad y en el combate al crimen organizado y al terrorismo transnacional.
Resolución N° 1286Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación de una asignación trimestral para funcionarias y funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones con el objeto de retribuir la labor realizada en el combate de la delincuencia, del crimen organizado.
La discusión de los montos de cara al año entrante comenzará oficialmente este lunes en el Congreso y podría extenderse durante gran parte de la semana.
La discusión sobre el presupuesto 2025 continúa siendo un tema de preocupación para diversos sectores, especialmente en lo que respecta a la cartera de salud.
Los gremios de la especialidad han expresado su preocupación, señalando que el presupuesto actual cubre solo un tercio de las necesidades de la red hospitalaria a nivel nacional.
En este contexto, el Ministerio de Hacienda ha informado que se están llevando a cabo reasignaciones dentro del presupuesto para abordar las demandas del sector salud.
Sin embargo, esta medida ha generado diversas reacciones. La diputada y exministra de Salud, Helia Molina, celebró la disposición de revisar el presupuesto de salud.
“Me alegra mucho saber que el ministro Marcel está dispuesto a revisar el presupuesto de salud, porque evidentemente es insuficiente”, indicó Molina. “Sobre todo, es insuficiente en el ámbito de atención primaria, donde el per cápita no sube nada, solo el IPC”, complementó.
En esa línea, aseguró que “sabemos perfectamente, quienes hemos trabajado en salud pública, que la única manera real y definitiva de mejorar la salud de la población es reforzando la atención primaria, haciendo promoción de la salud, prevención de la enfermedad, pesquisa precoz de cánceres y, sobre todo, el seguimiento a los pacientes crónicos”.
La discusión del presupuesto comenzará oficialmente este lunes en el Congreso y podría extenderse durante gran parte de la semana. Esta situación se enmarca en un contexto de reducción del financiamiento público, lo que podría tener un impacto significativo en el gobierno y en la capacidad del sistema de salud para enfrentar las demandas de la población.
La discusión de los montos de cara al año entrante comenzará oficialmente este lunes en el Congreso y podría extenderse durante gran parte de la semana.
La discusión sobre el presupuesto 2025 continúa siendo un tema de preocupación para diversos sectores, especialmente en lo que respecta a la cartera de salud.
Los gremios de la especialidad han expresado su preocupación, señalando que el presupuesto actual cubre solo un tercio de las necesidades de la red hospitalaria a nivel nacional.
En este contexto, el Ministerio de Hacienda ha informado que se están llevando a cabo reasignaciones dentro del presupuesto para abordar las demandas del sector salud.
Sin embargo, esta medida ha generado diversas reacciones. La diputada y exministra de Salud, Helia Molina, celebró la disposición de revisar el presupuesto de salud.
“Me alegra mucho saber que el ministro Marcel está dispuesto a revisar el presupuesto de salud, porque evidentemente es insuficiente”, indicó Molina. “Sobre todo, es insuficiente en el ámbito de atención primaria, donde el per cápita no sube nada, solo el IPC”, complementó.
En esa línea, aseguró que “sabemos perfectamente, quienes hemos trabajado en salud pública, que la única manera real y definitiva de mejorar la salud de la población es reforzando la atención primaria, haciendo promoción de la salud, prevención de la enfermedad, pesquisa precoz de cánceres y, sobre todo, el seguimiento a los pacientes crónicos”.
La discusión del presupuesto comenzará oficialmente este lunes en el Congreso y podría extenderse durante gran parte de la semana.
Los diputados remarcaron lo «importante» que es esclarecer la polémica situación que envuelve a la exministra y candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos.
Diputados de la Comisión de Educación abordaron la decisión de la Superintendencia de iniciar una investigación a la Universidad San Sebastián (USS).
Diversos diputados valoraron que la Superintendencia de Educación decidiera iniciar una investigación en la Universidad San Sebastián (USS), tras conocerse el millonario sueldo que recibía Marcela Cubillos, candidata a la alcaldía de Las Condes. En específico, y a través de un comunicado, el organismo informó que «el martes pasado se ha recibido la respuesta de la Universidad San Sebastián a la solicitud de este Servicio para entregar los antecedentes relativos a las condiciones de contratación de la exministra de Educación, Marcela Cubillos, y de otros personeros que desempeñan labores docentes y administrativas en la institución» y «tras una revisión exhaustiva de la información entregada, la Superintendencia de Educación ha decidido iniciar hoy un proceso de investigación a la Universidad San Sebastián».
El documento expone que «dicha decisión se fundamenta en que la información recibida no permite esclarecer completamente las interrogantes surgidas en torno a la contratación, remuneración y evaluación del personal académico, lo que podría ser constitutivo de infracciones graves a la normativa interna de la Universidad». «Para tal fin, la Superintendencia también ha dispuesto la realización de una fiscalización en terreno, con el objetivo de recopilar evidencia de primera mano que permita determinar con precisión el alcance de los hechos investigados», agrega.
«¿Qué esconde la universidad?»
Consultados por Emol, diputados de la Comisión de Educación abordaron este tema. La presidenta de la instancia, Emilia Schneider (Frente Amplio), aseveró que le parece «absolutamente pertinente y necesario que se haga una investigación», pues «estamos hablando de un caso gravísimo, en circunstancias sumamente sospechosas, e incluso, podría constituir lucro o financiamiento irregular de la política». «Acá estamos hablando de una universidad que recibe casi un 50% de sus recursos por parte del Estado, sobre todo del Crédito con Aval del Estado. Es decir, estos sueldos millonarios, estos profesores y profesoras fantasmas, estos vínculos con ex-autoridades del gobierno de Sebastián Piñera que hoy son candidatos y que, incluso, muchos de ellos están mencionados en el caso Hermosilla, son a costa del endeudamiento de miles de estudiantes. Esto tiene que investigarse y esclarecerse ante la ciudadanía hasta las últimas circunstancias. La educación es un derecho, no un negocio ni una caja pagadora de favores políticos de la UDI», remarcó.
El diputado Juan Santana (PS) cuestionó por su parte: «¿Qué esconde la Universidad San Sebastián en relación al sueldo de Marcela Cubillos? ¿Por qué no entrega el detalle sobre la información requerida por la Superintendencia de Educación Superior? Todas esas interrogantes no resueltas hacen pensar que aquí podríamos estar ante una grave vulneración, no solamente a la ley, sino que también a los propios reglamentos internos de la Universidad de San Sebastián». «La Superintendencia como órgano fiscalizador debe hacer todos los esfuerzos necesarios para esclarecer esta polémica situación y verificar si es que se utilizaron recursos públicos para crear una caja pagadora de favores políticos a los dirigentes de Chile Vamos», añadió.
La diputada Helia Molina (PPD) manifestó, en tanto, que le parece «correcto que la Superintendencia de Educación tome cartas sobre el caso Cubillos. Así lo solicitamos días atrás en Comisión de Educación, ya que me parece muy grave recibir un sueldo tan abultado cuando están en juego recursos públicos que ha recibido la Universidad San Sebastián». En la misma línea, advirtió que «como ex decana de la Usach, y con experiencia en el mundo académico, puedo decir que ese nivel de sueldos no existe en las universidades, es un verdadero robo, y la Superintendencia tendrá que determinar si la contratación, remuneración y tareas desarrolladas, se ajustan a la realidad o estamos frente a un delito».
Se proponía modificar el horario de cierre en el Código del Trabajo, pero fue rechazada en 2023 en el Senado con 19 votos en contra y 17 a favor.
Los trabajadores del comercio han reiterado su demanda de adelantar el horario de cierre de los centros comerciales a las 19:00 horas, argumentando que la medida busca garantizar su seguridad en el regreso a casa y permitirles compartir más tiempo con sus familias.
En concreto, la iniciativa, presentada en 2021, proponía modificar el horario de cierre en el Código del Trabajo, pero fue rechazada en 2023 en el Senado con 19 votos en contra y 17 a favor.
Ante la negativa, la diputada Helia Molina, del Partido por la Democracia, expresó su preocupación por la falta de respaldo hacia una medida que, según ella, prioriza el bienestar de los trabajadores. “Nuestra oposición siempre pone nuestras iniciativas sociales como si fueran en contra de la productividad y del crecimiento del país. Pero el costo de no invertir en el desarrollo de la vida familiar es mucho más alto que el de una hora menos de ventas”, afirmó.
El rechazo en la Cámara Alta implica que el proyecto deberá esperar un año para volver a ser discutido en el Congreso.
El ente fiscalizador detectó una serie de irregularidades en los registros de listas de espera en los hospitales de Antofagasta y Talca. A raíz del reporte, diversos parlamentarios oficialistas y de oposición apoyaron la creación de una Comisión Investigadora.
Diversos diputados anunciaron la creación de una Comisión Investigadora luego del reporte de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó irregularidades en las listas de espera de los hospitales de Antofagasta y Talca.
En ese contexto, el diputado de Renovación Nacional (RN) José Miguel Castro afirmó: “Hemos levantado una Comisión Investigadora y también vamos a exigirle a la ministra (Ximena Aguilera) que nos informe sobre las responsabilidades administrativas de las distintas personas involucradas”.
Por su parte, Helia Molina,presidenta de la Comisión de Salud, expresó su apoyo a la iniciativa e instó al Ministerio de Salud (Minsal) a realizar una auditoría en todos los hospitales donde existan listas de espera para corregir las distorsiones que puedan haberse producido.
