La ex ministra de Salud analizó el efecto del llamado “supremazo” y la necesidad de poner en el centro la salud de las personas frente a los 40 años de utilidades de las instituciones privadas.
La diputada y ex ministra de Salud, Helia Molina, afirmó que frente al llamado “supremazo” contra las Isapres y después de 40 años de grandes utilidades, uno pensaría que debería haber un resguardo para enfrentar esta situación, pero lo más importante es que el país genere todas las condiciones para que los más de 3 millones de afiliados a las instituciones no se ven afectados en sus derechos a la salud.
En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, Molina expresó que la “salud es un derecho y debe haber un Estado garante de esos derechos, cualquiera sea la prestación de servicios, pero siempre he pensado que el 7 por ciento no debe ser administrado con fines de lucro”.
“La historia de las Isapres ha sido una historia de permanente y grandes utilidades, pero obviamente que la pandemia que significó una catástrofe social, sanitaria y económica del país. No me cabe duda que se tiene que ver afectada fuertemente la liquidez de las Isapres y eso sin duda, genera problemas, incertidumbre, sobre todo a los usuarios y a los que tienen contratos individuales, porque no son contratos colectivos y eso está generando un ambiente de mucha incertidumbre inseguridad y temor de la gente”, expresó la parlamentaria PPD.
Indicó que, sin ser economista, es difícil enfrentar una situación de esta naturaleza, pero “cuando ha habido 40 años de grandes utilidades, uno pensaría que debería haber un resguardo frente a esta situación que en Chile no son tan raras. El Covid fue algo terrible, pero tenemos terremotos y otro tipo de epidemias. El hecho es que ahora nosotros no podemos entrar, en este minuto no es el momento, de hacer análisis histórico, ni técnico, ni político. Lo único que tenemos que hacer como país, tanto el gobierno como el Congreso, si fuera necesario generar todas las condiciones para que ninguno de los más de 3 millones de afiliado a la Isapres que pertenecen a las 17, 8% de la población chilena, se vean afectados en su derecho a una atención como corresponde y a lo que han pactado”.
Molina agregó que los pasos a seguir en ese escenario están siendo analizados en una comisión del Ministerio de Salud con la participación de las Isapres, con equipos técnicos y económicos, para ver en qué medida se puede dar una solución a la situación y para ello tienen seis meses, que es el plazo que dio la Corte Suprema para que las instituciones privadas apliquen la tabla única y devuelvan los cobros en exceso.
La legisladora indicó que “la voluntad política es defender los derechos de los usuarios, si eso requiere que se apoye a las Isapres si se requiere hacer préstamos no se, no tengo la solución porque es compleja. Además, no todas las Isapres están en las mismas condiciones sólo son algunas. En ese contexto es que tenemos que trabajar y, desde mi espacio como parlamentaria voy a estar siempre buscando con la Comisión de Salud, las mejores propuestas de solución porque este no es un tema político, es transversal y tiene que ver con la persona en sus derechos”
Molina agregó que ante las distintas voces que se alzan respecto de apurar la reforma a la salud, recordó que en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se creó una comisión para una reforma a las Isapres, pero nunca se presentó al Congreso y por tanto, “hoy es una ventana de oportunidades para mirar el sistema en su totalidad y ver en qué medida un sistema universal de salud, pueda hacerse cargo de la administración del 7 por ciento, lo que no significa que los que pagan un adicional alto, no puedan tomar en la misma Isapre un seguro complementario”.
La legisladora indicó que este sistema es muy injusto, porque una persona que cotizó toda la vida en una Isapre, cuando llega a la tercera edad y cuando más la necesita, se tiene que ir porque para la institución no es negocio.
En ese sentido señaló que “no podemos seguir viendo a la salud como un bien de consumo y por eso es importante tener fondos solidarios”, por lo que se puede pensar sólo en que el sistema público sea solidario, sino que se necesita una “alianza pública privada potente, musculosa y con proyecciones de futuro”.
Sin embargo, la diputada Molina lamentó la resistencia al cambio porque genera mucha incertidumbre ante la posición que asumen los privados.
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